“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” Art. 1º. Constitución Política de Colombia . 1991.

Para quienes vivimos la Constitución este artículo es una poesía, marca el ingreso a todo un tratado de principios de convivencia, legalidad y justicia que en el día a día determina la forma como Colombianos nos relacionamos, las propuestas de gobierno que seguimos y las condiciones en que decidimos muchas de nuestras actuaciones.

Pero,  ¿somos todos conscientes de esta declaración y lo que implica en nuestras vidas?; ¿realmente asumimos estas líneas como norma de convivencia cuando tenemos que tomar decisiones que afecten a los menos favorecidos o  a las minorías?; ¿cuántos de nosotros renunciamos al beneficio personal por favorecer el bien general?

Algunos dirán que “es la idiosincrasia”, esa extraña palabra en la que muchos se escudan para hacerle el quite a la responsabilidad personal amparándola en una especie de comportamiento colectivo de características genéticas, renunciando así, implícitamente, a su libre albedrío.

En una nación con una Constitución que muchos expertos han catalogado de sobresaliente como la nuestra; y en la que continuamente nos vemos afectados por complicados niveles de ilegalidad, corrupción, crimen y delincuencia cualquiera se preguntara cuál es el factor que desarticula la norma del comportamiento general. Los análisis de los sociólogos y los sicólogos nos han ofrecido diversas tesis entre las que se contemplan aspectos como la influencia  de los colonizadores, la existencia del conflicto histórico, incluso algunos culpan a la televisión y los video juegos.

Recurriendo al sentido común de la sabiduría popular, recuerdo ese refrán que dice que “del dicho al hecho hay mucho trecho”, esto, aplicado al tema que nos ocupa, permitirá al lector establecer   el trecho que debe darse entre la elaboración, escritura y publicación de la norma y su vivencia real por parte de los ciudadanos; y ese  trecho  no es más que lo que los educadores llamarían la pedagogía de la ley.

Existe una curiosa premisa que en el ámbito legal que dice que el desconocimiento de la norma no obsta su cumplimiento, sin embargo, un país que espera de sus ciudadanos un ejercicio optimo de convivencia, debería asegurarse de la pedagogía de sus normas, ya que sólo por el camino del conocimiento se cambiaran los comportamientos.

Recurro entonces, aprovechando la coyuntura  temporal de encontrarnos en medio de una interesante campaña presidencial, a una de las propuestas de los candidatos, que en mi parecer se convertiría en una garantía de cambio en el ejercicio de la legalidad desde todos los escenarios en que nos corresponde actuar como ciudadanos.
Dice el candidato refiriéndose a la sentencia final que acompaña cada una de las leyes que ésta debe ser modificada  llevándola de un simple “PUBLIQUESE Y CÚMPLASE”,  a una nueva presentación que implique dicha pedagogía, por lo cual debería decir : “PÚBLIQUESE, EXPLIQUESE, COMPRÉNDASE Y CÚMPLASE.”

Finalmente parece que derrotaremos el trecho que separa al dicho del hecho para vivir en una sociedad con prevalencia del bien general.

STELLA RINCON CASTIBLANCO
Administradora de Empresas
Ms. Gestión de Instituciones Educativas